Tenemos derecho a conocer el proceso que determina el precio de un medicamento. No permitiremos que los laboratorios calculen por nosotros el “precio de la vida” según criterios de rentabilidad.

Por tanto, pedimos:

  • que el Estado proteja el interés de la población española y nuestro sistema de salud solidario, e intervenga para conseguir un precio justo para los medicamentos.

Nuestro sistema sanitario, y por tanto nuestra salud, está en peligro. El Gobierno debe introducir criterios de interés público para la fijación de precios y la adjudicación de las inversiones que realiza para promover la I+D en medicamentos.

  • la transparencia de los gastos de investigación y desarrollo

El precio de venta de los medicamentos debe permitir a las empresas cubrir sus gastos de I+D sin un beneficio excesivo que frene la accesibilidad financiera a dichos medicamentos. Este imperativo de la “rentabilidad razonable” necesita de transparencia en el coste real de I+D y la procedencia de la financiación, que es hoy día el resquicio que las empresas utilizan para inflar los precios.

  • un modelo alternativo al de las patentes para financiar la investigación y el desarrollo

Las empresas farmacéuticas reivindican las patentes sobre sus innovaciones terapéuticas, lo que les confiere un monopolio durante 20 años e impide el desarrollo de genéricos más económicos.
Sin embargo, la mayor parte de las empresas trabajan más por la mejora de los productos existentes que en novedades reales. Las estrategias de innovación de las grandes empresas se orientan cada vez más hacia la adquisición de start up prometedoras que desarrollen para ellas las nuevas moléculas eficaces y luego ganar mucho dinero.